Inician Procedimiento contra 4 Ex Alcaldes del Oriente

El Congreso del Estado acordó ayer iniciar procedimiento en contra de los ex presidentes municipales de Abalá, Chichimilá, Peto y Tixcacalcupul, pues se rechazaron sus cuentas públicas de los periodos comprendidos de julio a diciembre de 2007, de enero a junio y de julio a diciembre de 2008 y de enero a junio de 2009.
Según datos proporcionados, se presume que en conjunto estos municipios cometieron un daño patrimonial por 30.2 millones de pesos.
Con el voto del PAN, PRI, PRD y PVEM, el Congreso del Estado aprobó rechazar las cuentas mencionadas y el dictamen fue aprobado por unanimidad en lo general, mientras que en lo particular los legisladores de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional y el diputado Jorge Félix Várguez Canul (PRD) votaron en contra.
En este dictamen, se rechazan las cuentas públicas de los ayuntamientos en los que se detectó la existencia de distintas irregularidades en la aplicación de los recursos públicos ejercidos por las autoridades municipales salientes; también se señala que existe la presunción fundada de posibles daños y perjuicios al erario de los municipios por 30.2 millones de pesos.
A la ex alcaldesa de Abalá, Cristina Ayala López (PT/Convergencia), se le atribuye un presunto daño patrimonial por 3.5 millones de pesos; al de Chichimilá, Edilberto Tzab Ortiz (PAN), 14.8 millones de pesos; al de Peto, José Domínguez Canto (PRI), 8.7 millones de pesos y al de Tixcacalcupul, Casimiro Mis Hoil (PRI), 3.1 millones de pesos.
El pleno del Congreso instruyó al Auditor Superior del Estado para que inicie los procedimientos establecidos y finque a los responsables de las irregularidades las sanciones y las indemnizaciones correspondientes, a fin de resarcir a las haciendas públicas municipales el monto de los daños y perjuicios cuantificables en dinero que se hayan causado y, en su caso, ejercitar las acciones ante las autoridades competentes en materia penal.
El presidente de la Gran Comisión, Mauricio Sahuí Rivero (PRI), les hizo notar su incongruencia a los que votaron en contra porque en el seno de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública votaron a favor del dictamen.
Observó que en la discusión en lo particular, la ley precisa que deben señalar la parte del dictamen en la que no están de acuerdo, situación que no ocurrió, sino que simplemente se emitieron descalificaciones.
—Se dio el tiempo necesario para revisar la información que proporcionó la Auditoría Superior del Estado. Es incongruente votar a favor de algo en lo que no se está de acuerdo, señaló.
En otro tema, la Comisión de Educación, Ciencia, Arte y Tecnología se concentrarán en el análisis de la iniciativa de Ley de Ciencia y Tecnología que vaya más acorde con lo que actualmente requiere el Estado.
Durante la sesión de la comisión de ayer su presidenta, la diputada del PRI, Leticia Mendoza Alcocer informó que tras el estudio de las 14 leyes relacionadas con los rubros de educación, ciencia, arte y tecnología, se determinó que la mayoría de ellas aún están vigentes, a excepción de la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley de los Profesionales.
Indicó que de manera unánime los integrantes de la comisión decidieron dar prioridad a la Ley de Ciencia y Tecnología, cuyo estatuto más reciente data de 2004, debido a que es un rubro que se mantiene en constante actualización, y que es importante que el Estado se mantenga a la vanguardia.
(David Rico)

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